SUTEBA y CTERA participaron el pasado 10 de febrero en el Encuentro de Organizaciones Sindicales que asistieron al Seminario Internacional sobre Salud Laboral en septiembre de 2016. En ese ratificamos nuestro más enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el Poder Ejecutivo Nacional en Enero de este año para reformar la Ley 24557. Bajo el pretexto de disminuir la litigiosidad, y con ello bajar costos laborales, nos enfrentamos a la punta de un iceberg: "La litigiosidad es el correlato de la siniestralidad y ésta tiene que ver con la ausencia de dispositivos de prevención y la mejora de las condiciones de trabajo en muchos ámbitos laborales", decía Stella Maldonado en 2012.

Con esta arremetida, sumado al intento de trasladar la Justicia Nacional laboral , al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con la solicitud de adhesión de las provincias, convierte a los y las trabajadoras en ciudadanos de segunda, en tanto se inhibe a los mismos de acceder al Justicia, por cuanto impone una instancia administrativa,las Comisiones Médicas. Todos los intentos de modificar la normativa laboral, hasta la flexibilización laboral, con la argumentación de "bajar el costo laboral" para incentivar la inversión, no hacen más que profundizar una política de Ajuste para los trabajadores y de concentración de riqueza para grupos económicos.

La Ley 24557, de Riesgos de trabajo, es una ley elaborada en la década neoliberal de los 90 , que el Movimiento Obrero Organizado ha rechazado y resistido. Es imperioso que los y las legisladores nacionales no aprueben esta Norma en la comisión bicameral, en tanto serán responsables de agravar las condiciones laborales y arrasar con derechos adquiridos, ratificando una vez una ley a medida y exigencia de los empresarios.

Es necesario que se convoque a las centrales sindicales para acordar una Ley integral de Prevención que tenga como objetivo principal el cuidado de la salud y la seguridad de los trabajadores.

Esta Ley debería poner su eje en la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, el papel del Estado en el control del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en los establecimientos de trabajo, con participación de los trabajadores organizados.