17/09/2023
Elevar el financiamiento es la mejor garantía para fortalecer la educación pública.
El proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado esta semana por los Ministros de Educación y de Economía, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, se condice con un reclamo que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) viene sosteniendo en los últimos años, en el marco de la disputa histórica que ha dado la organización en defensa de la Educación Pública.
En tal sentido, desde la CTERA se ha valorado positivamente esta iniciativa de elevar el porcentaje del PBI destinado al financiamiento de la educación, medida que, evidentemente, se ha hecho eco de los planteos y demandas que se vienen sosteniendo en diversos ámbitos, y especialmente en el marco de la Paritaria Nacional Docente.
El avance de esta iniciativa es muy valorable tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, ya que por un lado se eleva considerablemente el aporte de recursos por parte del Estado, pasando de manera progresiva del 6% actual al 8% del PBI, especificando que el 6,5% estará destinado a la cobertura de la educación que va desde los 45 días de edad hasta la educación superior dependiente de los institutos de formación técnica y docente, y el restante 1,5 % para la educación superior universitaria.
Por otro lado, este proyecto tiene una importante valoración cualitativa ya que define un conjunto de "metas". Esto implica que los recursos no pueden ser utilizados de cualquier manera, sino que deben estar destinados al cumplimiento específico de dichas metas, entre las cuales se encuentran: distribución de libros para todas y todos los estudiantes, suministro de alimentación escolar saludable, sostenimiento de la Paritaria Nacional Docente, aumento de inversión en becas de estudio y permanencia y egreso en la educación secundaria, duplicación de la matrícula de estudiantes y de la inversión en la Educación Técnico Profesional, continuidad y ampliación del Programa Conectar Igualdad, cumplimiento del derecho a la Educación Sexual Integral, ampliación de la jornada escolar para llegar al 30% de estudiantes secundarios con seis horas de clase por día, avance en la concentración horaria de los docentes, 50% de escuelas con jornada completa, políticas educativas para garantizar la comprensión lectora y escritora, enseñanza de una segunda lengua, universalización de las salas de tres, cuatro y cinco años de edad para niños y niñas del nivel inicial, construcción de nuevos jardines de infantes y maternales, formación docente permanente, gratuita y en ejercicio, entre otras.
El alcance de estas metas seguramente redundará en el fortalecimiento y la cualificación del Sistema Educativo público en la Argentina. El aumento del financiamiento ligado a la definición de este tipo de metas es clave para garantizar el derecho a la educación con sentido inclusivo y democrático. Y esto no es poca cosa, porque establecer un aumento de la inversión sin especificar en qué y para qué se tiene que destinar ese incremento del presupuesto, puede dejar abierta la puerta para que esos recursos sean apropiados por los sectores privados, que siempre andan dando vueltas tratando de hacer negocios con la educación y maximizar sus ganancias a través de la venta de servicios educativos que ofrecen las grandes corporaciones dedicadas a ese fin.
Un proyecto de ley de financiamiento educativo de estas características reviste suma importancia en tanto permite cohesionar al sistema educativo, manteniendo el carácter nacional y federal, para el desarrollo de políticas educativas que, en primer lugar, propendan al mejoramiento de la calidad y además garanticen el ejercicio pleno del derecho a la educación con sentido inclusivo, apuntando a reducir las desigualdad e injusticias prexistentes en este sistema.
Es evidente que no hay posibilidades de mejorar la educación si no se destinan los recursos financieros suficientes para avanzar en ese sentido. Ahora bien, también es una condición necesaria que ese financiamiento del Estado esté dirigido hacia el Sistema Educativo como organizador integral y no un financiamiento directo "a la demanda", es decir a las familias, tal como se les ocurrió proponer por estos días al sector de la derecha más retrógrado, representado en la actualidad por los autodenominados "libertarios".
Es necesario remarcar, en este sentido, que el financiamiento para sustentar un sistema de vouchers educativos (vales o cheques a las familias para pagar por la educación de sus hijos/as) no es ni más ni menos que el avance neoliberal para la definitiva privatización de la educación. Ese tipo de financiamiento implica una redefinición del papel del Estado, nuevas formas de financiamiento educativo basadas en la demanda, descentralización extrema del sistema a escala de cada escuela, lo que implica la imposibilidad de establecer políticas educativas de carácter nacional y federal en el sentido en el que venimos planteando.
Este modelo de financiamiento de la educación que impulsa la derecha terminaría produciendo más privatización, segregación, exclusión y discriminación, limitando las posibilidades de diseñar políticas socioeducativas nacionales y jurisdiccionales para la inclusión y la ampliación de derechos, especialmente para los sectores más excluidos. Con el sistema de vouchers las que terminarían definiendo la política educativa serían las escuelas, en un contexto en el que competirían como empresas en el mercado para conseguir el financiamiento directo de las familias.
Un financiamiento bajo el sistema de vouchers eliminaría instituciones como las paritarias y los convenios colectivos (instancias en las que se dan las discusiones por las condiciones laborales y los salarios), reduciendo el salario docente a una variable más de ajuste, quedando su definición librada a la posibilidad que tenga cada escuela para pagar una suma u otra.
Por último, es importante recuperar el sentido histórico a la hora de hacer una valoración acerca del financiamiento educativo que se ve reflejado en este nuevo proyecto de ley. Pues el hecho de que hoy estemos ante la posibilidad de llevar la inversión educativa en nuestro país al 8% del PBI se remonta a las luchas que se vienen dando desde los años ‘90, con la Carpa Blanca de la Dignidad que instaló CTERA frente al Congreso Nacional, y que continuó con el logro obtenido en 2005 con la sanción de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que significó tener por primera vez en la historia de la educación argentina una ley en la que se responsabilizaba al Estado como el principal aportante de los recursos.
Fue a partir de esta base que se pudo seguir peleando por más financiamiento, por más educación y por más inclusión socio-educativa.
Si bien durante el gobierno de Cambiemos no se respetaron los marcos normativos y se produjo un ajuste y desfinanciamiento del sistema educativo que aún permanece impune, seguimos sosteniendo la importancia de tener una Ley que regule el financiamiento, pues es la garantía de seguir fortaleciendo a la Educación Pública en nuestro país y resistir a los embates privatizadores que entienden a la educación como una mercancía más.
