28/03/2016

El Tribunal Oral Federal de Salta le dio una pena de 12 años de prisión al ex propietario de una empresa de transporte, Marcos Levin, y a los ex policías Víctor Hugo Bocos y Víctor Almirón por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la dictadura cívico-militar.

El Tribunal Oral Federal de Salta condenó a 12 años de prisión al empresario ex propietario de una empresa de transporte, Marcos Levin, y a los ex policías Víctor Hugo Bocos y Víctor Almirón por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la dictadura. En tanto, impuso al ex policía Víctor Cardozo la pena de 8 años de cárcel.

Marcos Levin, quien era propietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte, fue sentenciado en el marco del juicio que se llevó adelante por privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio del trabajador y gremialista Víctor Manuel Cobos, empleado de esa firma.

La sentencia fue dictada por los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla, Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas, integrantes del tribunal que difirió la lectura de los fundamentos de la sentencia para el 23 de mayo próximo, a las 12.

Para el fiscal que llevó adelante el caso, Francisco Snopek, éste "es un caso paradigmático de represión militar con participación empresarial", ya que Levín y fuerzas de seguridad realizaron "maniobras ilegales para que la actividad gremial no existiera más".

Durante el juicio se probó que se ha perseguido a personas que formaban parte de una entidad gremial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que "era un objetivo prioritario para las fuerzas militares de la época, según consta en los anexos del Plan Sistemático del gobierno de facto".

Cobos, detenido en la mañana del 22 de enero de 1977, integraba la comisión directiva de la delegación Salta de la UTA y fue acusado de una supuesta estafa a la empresa. Cuando fue detenido fue trasladado por Bocos -que era subcomisario y empleado de La Veloz del Norte- y por Cardozo, a la comisaría cuarta, que estaba a cargo del entonces comisario Almirón.

Desde SUTEBA sostenemos que es imprescindible que se juzgue y se condene la complicidad de los civiles, en casos como este, donde desde las empresas se señalaban a los empleados para que el accionar represivo los haga desaparecer. Es un paso mas en la dirección correcta, esa que nos lleva a más memoria, más verdad y más justicia.