La Procuvin se presentó ante la Justicia para que se investigue la represión a los maestros

"No hubo motivo para justificar los golpes"

04 de julio de 2017

La Procuraduría de Violencia Institucional constató que el operativo policial que reprimió y desalojó a los maestros que intentaban montar una carpa frente al Congreso fue violento e injustificado. Reclamó que se investigue a los funcionarios que dieron la orden.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) hizo una presentación ante la Justicia para que se investiguen las responsabilidades en la cadena de mandos de la Policía de la Ciudad –y eventualmente ascienda sobre los funcionarios de gobierno– por la represión a los docentes de la noche del 9 de mayo, cuando intentaban montar una carpa –la escuela itinerante– frente al Congreso de la Nación. Tras realizar una investigación preliminar, la Procuvin señaló que "no hubo motivo alguno para justificar el uso de gas pimienta, los empujones, las patadas y los golpes propinados con los escudos y bastones" contra los maestros.

La denuncia, elevada por el fiscal Félix Crous, remarcó que en el operativo se afectaron "derechos esenciales de la vida democrática", así como "la integridad física" de los docentes, que fueron violentamente desalojados de la plaza con el argumento de que no tenían un permiso municipal, que de hecho sí habían solicitado. Tampoco interrumpían el tránsito ni hubo ataque a los bienes del Estado como posibles motivos para reprimir.

La investigación preliminar reunió testimonios de los manifestantes junto con lo informado por los propios policías. Según reconstruyó, alrededor de las 18 del domingo 9 de abril, cuando la Ctera habían comenzado a armar la escuela itinerante, el titular de la comisaría 6ª, Marcelo Galluzzi, se comunicó con el secretario de Relaciones Internacionales del sindicato, Eduardo Pereyra, para informarle "que desde el Ministerio de Espacios Públicos se le había ordenado desarmar la estructura y decomisar todos los elementos". A las 19 se presentaron personalmente Galluzzi y el comisionado mayor Carlos Pereira, "quienes reiteraron la orden impartida de decomisar el material para el armado de la estructura y de impedir la instalación de la misma. Al ser preguntados acerca de la existencia de alguna orden de desalojo, reiteraron que se trataba de una orden verbal que provenía de Presidencia, y que les daban (a los manifestantes) dos minutos para retirarse".

Cuando el dirigente gremial "se disponía a comunicar la situación a los integrantes de la Junta Ejecutiva de Ctera, que se encontraban en el lugar, la columna policial comenzó a avanzar en dirección a los/las docentes, propinándoles patadas, golpes con los bastones y escudos, y arrojando gas pimienta indiscriminadamente", agrega el escrito.

Los efectivos policiales relataron lo sucedido en el marco de la causa 23327/2017, iniciada contra los manifestantes por supuesta "resistencia a la autoridad". En ella, todos coincidieron en que recibieron la orden de desalojar: "Proceder al barrido de los manifestantes", detallaron.

La denuncia será investigada por el Juzgado Criminal y Correccional 29, a cargo de Marcelo Conlazo Zavalía. El juez deberá establecer si se cometieron delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También si se infringió la Ley de Seguridad Pública de la ciudad, sancionada el año pasado como marco legal para la actuación de la policía local.

"La desconcentración o desalojo de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas –los propios manifestantes o terceros– ante peligros reales y, a la vez, si ellos se vieran verificados, debe necesariamente contemplar las medidas de desconcentración menos lesivas para quienes ejercen el derecho", explica la denuncia.

Crous remarcó que con la excusa de la falta de un permiso administrativo se impulsó un operativo que afectó "derechos esenciales a la vida democrática, como son el de reunión, expresión libre y petición a las autoridades". Por esto, la denuncia plantea que se debe establecer tanto la responsabilidad de la cadena de mandos de la policía porteña como si los funcionarios políticos avalaron o emitieron la orden.

Al día siguiente de la represión, el gobierno porteño la justificó argumentando que los docentes "hacían uso indebido del espacio público", pero finalmente terminó autorizando la instalación de la escuela itinerante, que fue armada el 12 de abril y se mantuvo frente al Congreso hasta el 5 de mayo, para luego comenzar una recorrida por el interior del país, que todavía continúa. Desde la carpa, la Ctera difunde el reclamo de que el Gobierno restablezca la paritaria nacional docente, ámbito de negociación eliminado este año por el ministro de Educación, Esteban Bullrich –quien dejará la cartera el 14 de julio para dedicarse a la campaña electoral–. En la paritaria nacional se acordaba cada año el salario inicial de los maestros de todo el país, el aumento del Fondo de Incentivo –que, con el aporte de fondos nacionales, se destina a subir los sueldos docentes–, la inversión en infraestructura edilicia y la capacitación gratuita, ítems que han sido todos recortados.