Este viernes 15 de noviembre, el SUTEBA estuvo presente en el panel "Niñez, Adolescencia, Familia: pensar la agenda social hoy", en el marco de la Mesa del Consejo Local de Niñez de Almirante Brown, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social del Municipio.

Del mismo, participó Patricia Romero Díaz, Secretaria provincial de DDHH del SUTEBA; junto a la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; la Abogada Mariela Isabel Prada; y el Licenciado Oscar Amaya.

En el panel se explicó la intervención que el estado despliega en la provincia de Bueno Aires con lxs adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, a partir de la aplicación del Fuero Penal Juvenil.

Asimismo, se abordó el NO a la baja de edad de punibilidad, planteando los fundamentos del posicionamiento del Sindicato, exponiendo las falacias y mentiras con las que, desde el Gobierno Nacional, se estigmatiza y se pretende hacer responsables a las adolescencias y juventudes de las situaciones de inseguridad que se viven en el país, con una cortina de humo que es la reinstalación de la baja de edad de punibilidad, cuando las primeras y principales víctimas de las políticas de miseria, hambre, desocupación, del desfinanciamiento de las políticas públicas de Educación y Salud, y del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061), son precisamente el sector que ellxs pretender judicializar y encerrar (con medidas extremas como las penas de prisión de hasta 20 años y sin posibilidad de revisión, retrotrayendo así los avances conquistados en derechos de NNyA hacia el paradigma tutelar del patronato de menores).

El proyecto enviado por el PEN desatiende y desconoce las normativas vigentes, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño (ratificada por el Estado argentino y con rango constitucional desde 1994), la Ley Nacional N° 26.061, las de provincia de Buenos Aires N° 13.298 y 13.634, que garantizan la promoción y protección de los derechos de niñxs, adolescentes y jóvenes, violando el principio de no regresividad, que establece que no se puede retroceder en materia de derechos adquiridos.

En este sentido, la Convención de los Derechos del Niño y las recomendaciones de parte de Organismos internacionales, aconsejan sostener la edad de punibilidad a partir de los 16 años y utilizar como última herramienta la judicialización o el encierro.