A partir de ese memento, más de 150 familias fueron desalojadas y sus hogares destruidos con topadoras.
La mayoría de los desalojados improvisaron una carpa frente a la Unidad Sanitaria de la zona, mientras otros se refugiaron durante la noche en la Sociedad de Fomento del Barrio, frente a la Escuela Media Nº 23.
El día miércoles 4 de noviembre estas familias cortaron la Ruta 25 a la altura de la entrada al barrio y al mediodía se movilizaron al Juzgado de Paz de Moreno, a cargo del Juez Radrizzani, quien se encuentra detrás de todos los operativos violentos de desalojos que se han realizado en el partido y que no ha brindado ninguna solución para estas familias.
Paradójicamente, el Municipio de Moreno desde el 30 de octubre y hasta el 5 de noviembre auspició y desarrolló actividades en el marco de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Mientras tanto, las políticas de desalojo profundizan la violencia contra los que menos tienen y contradicen patéticamente el discurso oficial.
El día viernes 6 de noviembre, nuevamente el Juez Radrizzani fue protagonista de un violento desalojo con allanamiento incluido, esta vez en el comedor comunitario que se desarrollaba en el terreno lindero a la casa de Néstor Segovia, delegado de la línea C de subterráneos y que terminó con el hijo de Segovia herido.
El miércoles 11 de noviembre más de 400 vecinos desalojados junto a organizaciones políticas, gremiales y sociales nos movilizamos al Concejo Deliberante para reclamar una solución para las familias desalojadas y que se declare la emergencia habitacional en el Distrito. Ante el impedimento de que ingresara la comisión de vecinos a la sesión, se produjeron forcejeos con la posterior represión policial con varios heridos de bala de goma.
El viernes 13 de noviembre, para “rematar” lo que estaban viviendo los vecinos, se produce la muerte de un joven de 25 años al derrumbarse la loza de la precaria vivienda que estaba cuidando, ya que los vecinos se turnaban para hacer guardias en el predio desalojado, para evitar que les robasen las pocas pertenencias que les habían quedado y que no podían trasladar ya que no tenían a donde.
Más de 50 familias permanecieron viviendo hacinadas en la carpa, sin baños, ni agua potable, ni condiciones mínimas, siendo violados todos sus derechos humanos y sociales durante 13 días. Hasta que el lunes 16 de noviembre los vecinos decidieron retornar a sus tierras –desde donde habían sido desalojados- ante la falta de respuesta concreta del Ejecutivo Municipal en manos de Andrés Arregui.
En Moreno es constante el rumor de que se van iniciar nuevos desalojos en barrios que se encuentran con la misma problemática.
Desde el SUTEBA seccional Moreno, en el marco de las distintas organizaciones que venimos acompañando a los vecinos desalojados del barrio La Esperanza II; repudiamos el incremento de la violencia policial que se viene desarrollando en el Distrito, especialmente contra los que menos tienen y responsabilizamos al Ejecutivo Municipal por cualquier hecho de violencia y/o muerte que se desarrolle vinculados al tema de la vivienda, así también como exigimos la inmediata reubicación de todas las familias que fueron desalojadas el pasado 3 de noviembre. Además repudiamos el accionar del Juez Radrizzani y reclamamos su inmediata destitución.



CONSEJO EJECUTIVO
SUTEBA MORENO