La Comunicación aprobada establece:

- Que la Ley Nacional de Financiamiento Educativo nº 26.075/05, marcó un punto de inflexión en las Políticas de Inversión Educativa y en el Rol del Estado Nacional en esa materia, cortando con la desresponsabilización que fue el signo distintivo del modelo neoliberal impuesto en la Argentina desde la dictadura militar.

- Que la Ley actual finaliza su aplicación este año cumpliendo sus metas en términos de porcentajes del PBI invertido en educación; en relación con la ampliación de la cobertura del nivel inicial y secundario;

- Que ha sido una herramienta muy importante para la mejora salarial de los trabajadores de la educación y ha permitido la ampliación de las plantas funcionales de las escuelas; y que en términos cualitativos garantizó que un porcentaje de la coparticipación federal en cada provincia fuera destinado a la inversión educativa;

- Que la meta de “lograr que el 30 % de los alumnos de educación básica tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa” quedó incumplida con una gran brecha; y aún quedan inequidades entre provincias y al interior de los sistemas provinciales;

- Que con La Ley de Educación Nacional nº 26.206/06 las metas de obligatoriedad son más altas, ya que incluyen la escuela secundaria completa, y es más amplia la exigencia de universalización de nivel inicial; propone la jerarquización de la Educación Técnica, Artística, Multicultural bilingüe, y en Contextos de Encierro, así como garantizar la formación permanente en servicio, la creación de nuevos puestos de trabajo para la escuela secundaria, todo lo cual requiere una inversión superior a la pautada por la Ley 26.075.

- Que se considera necesario la sanción de una Nueva Ley de Financiamiento, que permita alcanzar las metas fijadas por la Ley de Educación Nacional, acompañadas por la dignificación del salario y las condiciones del trabajo docente, así como por políticas socio educativas que permitan sostener la escolarización de los estudiantes de los sectores mas vulnerables de la sociedad.

- Que esa nueva Ley, debe ser integral y profundizar la reparación de las desigualdades entre las provincias; que debería definirse un Fondo Nacional de Financiamiento Educativo, compuesto por una canasta de recursos nacionales y provinciales, pero en el cual se incremente el porcentaje que aporta el Estado Nacional; así como definirse criterios objetivos de distribución, e instrumentar mecanismos de monitoreo y contralor de la distribución de los recursos con la participación de los sindicatos docentes nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.