29/03/2017

En el día de ayer, desde el Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde SUTEBA está representado por Néstor Carasa y Marcelo Zarlega, se solicitaron informes a la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección Provincial de Gestión Educativa para evitar que se produzca un descuento de días de paro, entendido como una práctica ilegal y donde existe un fallo judicial de la Jueza María Ventura Martínez de La Plata que ordena al Poder Ejecutivo de abstenerse a tomar este tipo de medidas.

Desde el Consejo General se veía notando que desde el sistema de cargas de inasistencias que tiene la DGCyE estaban apareciendo días de paro cargados de manera indiscriminada, tanto en distintas escuelas como también en situaciones graves de docentes con licencia. Este accionar, además de ser ilegal, constituye una arbitrariedad y en el marco de una discusión en las negociaciones colectivas, representa un acto de coerción que pretende intimidar a los docentes.

Por este accionar, se exigió a las dos direcciones involucradas en la carga de los días de paro, la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos, a cargo del área de informática y de la carga y del manejo del sistema; y la Dirección Provincial de Gestión Educativa, por la que a través de ella, junto a la Inspección General, se hace un relevamiento al azar sobre qué escuelas están parando y a cuáles hacerles descuentos.

Esta solicitud de informe consta de dos presentaciones: primero, pedir explicaciones acerca de cuál es el marco normativo que avala la carga de días de paro habiendo un fallo judicial que lo impide y, segundo, saber con qué instrumento administrativo están accionando siendo que el único que da cuenta de las inasistencias es el contralor docente, los cuales no habían sido entregados al momento que se hizo la carga de los días de paro para ser descontados.

Esta práctica es ilegal, es coercitiva y es un acto administrativamente irresponsable sin ningún instrumento, lo que deriva en un incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que se está accionando con algo que no tiene elementos para ser sostenido administrativamente. Es deber del Consejo General solicitar esta clase de informes, además de trabajar para que no se complique o profundice más un conflicto que está transitando en el marco de una negociación colectiva que está dilatando el Gobierno Provincial.