04/10/2013

Organismos de Derechos Humanos reclamaron el juicio político para el juez y la fiscal que en un primer momento tuvieron en sus manos la causa por la desaparición de Luciano Arruga, un joven asesinado cuando se negó a robar para la policía.

La presentación fue hecha por Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Luciano Arruga, junto a Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Pablo Pimentel, Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-Delegación La Matanza (APDH-Matanza).

En una conferencia de prensa en el CELS, los representantes de las ONG denunciaron que durante casi un año y medio la familia de Luciano fue vigilada a través de escuchas telefónicas.

"Este hecho indica que la fiscal Celia Cejas sospechaba que los familiares estaban involucrados o al menos ocultaban información. Asimismo, el juez Gustavo Banco, que por entonces entendía en la causa, avaló las escuchas y no dispuso control alguno sobre las mismas", se denunció.

Ante estas circunstancias la familia de Luciano, el CELS y la APDH-Matanza promovieron el juicio político para el juez Banco y la fiscal Cejas ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.