Esta declaración fue adoptada por el Consejo Ejecutivo de la CSA y sus 56 organizaciones afiliadas, con la participación y adhesión de la ISP Américas, UNI Américas, ICM, la CSBT de Venezuela, PITCNT del Uruguay, la CTC de Cuba y el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA).

Escrito por CSA-TUCA

Reunidos en Panamá en el Foro Sindical de las Américas y bajo el lema "Las Américas que queremos", representantes sindicales de trabajadores y trabajadoras de todo el hemisferio, aprobamos esta Declaración que convoca a continuar la lucha en defensa de los derechos sociales y laborales, por la plena vigencia de los derechos humanos y democracia participativa, por la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, y por proyectos económicos ambientalmente sustentables.
Venimos los últimos 15 años como movimiento sindical, junto con otros movimientos sociales, dando la pelea para que la región supere la larga ola neoliberal. En noviembre del 2005 en la ciudad Argentina de Mar del Plata, bajo la presión de movilizaciones populares que recorrieron todo el continente desde 1997, un grupo de gobiernos progresistas de América del Sur bloqueó la iniciativa para imponer el proyecto Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El ALCA hubiera sido la coronación de la ofensiva neoliberal que profundizó las desigualdades de género y juventud, y arrasó con los derechos sociales y laborales desde la década de 1980 en nuestra región.

Su derrota mostró que se había abierto una nueva coyuntura en la región. Los gobiernos progresistas avanzaron en diversos países latinoamericanos en ese contexto post neoliberal. En diversos casos se mejoraron los niveles salariales, disminuyó la pobreza, hubo avances en la distribución más equitativa de los ingresos, disminuyó el desempleo y el empleo informal, entre otros indicadores socio-laborales positivos, en gran medida debido a la lucha de los movimientos sociales y sindicales a lo largo de este proceso. Esos avances están hoy en cuestión por presión de los mercados financieros internacionales que especulan contra las economías de nuestros países, exigiendo recortes de beneficios y salarios de los trabajadores/as, reducción de los gastos sociales y nuevas rondas de privatizaciones. Los sindicatos de la región nos oponemos decididamente a las políticas de austeridad fiscal, la privatización de los bienes y servicios públicos y los bienes comunes de la naturaleza, con las que se pretende hacer retroceder los derechos laborales y sociales duramente conquistados en el actual ciclo progresista en América Latina.

En el momento presente, ninguna de esas conquistas parciales y localizadas está garantizada. Los tratados de nueva generación, como el TISA, TPP, TTIP, CETA y otros, profundizan y perfeccionan todo lo que repudiamos en el ALCA, o sea, desregulan la economía y liberalizan los servicios, profundizando un modelo de desarrollo que solo 2 favorece a las empresas transnacionales, empeorando las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones. Repudiamos sus contenidos, siempre negociados con secretismo. Exigimos que todos los acuerdos que se están haciendo en la región sean resultado de un debate amplio, transparente y participativo de toda la sociedad.

La crisis irresoluble del capitalismo coloca una enorme presión de los mercados y finanzas internacionales contra los pueblos. Debemos continuar avanzando sin permitir que las conquistas sociales retrocedan. Nuestros países precisan superar las deficiencias estructurales de economías dependientes de la extracción y comercialización de materias primas y promover modelos económicos diversificados y sustentables, desde una perspectiva de integración y cooperación regional solidaria que mire siempre atentamente a la dimensión social del desarrollo sustentable. De igual manera es imprescindible estructurar una política fiscal progresiva que grave las riquezas, las ganancias, la renta, el patrimonio y el consumo de lujo, para que los gobiernos tengan capacidad para mantener los niveles de inversión social adecuados. A su vez es preciso avanzar en un proceso de auditorías de las deudas externas odiosas e ilegítimas, las cuales continúan generando lazos de dependencia con acreedores extranjeros. El último ciclo positivo de nuestras economías estuvo apoyado fundamentalmente en la actividad primario-exportadora y ahora vemos cómo la caída de los precios internacionales de las commodities hace estragos en la capacidad económica y financiera de los gobiernos, lo que los puede llevar a la aplicación de las viejas recetas de ajuste, flexibilización laboral y recortes sociales.

Después de más de una década de avances sociales en diversos países de América Latina y el Caribe, bajo administraciones progresistas, comienzan a hacerse evidentes los efectos de la recesión económica mundial, la pérdida de empuje en el crecimiento de las economías, por lo que no han parado de caer los niveles de pobreza, y las frágiles conquistas socio-laborales del período están bajo ataque del capital internacional para hacer retroceder lo que apuntaba a un nuevo paradigma de democracias sociales.

La democracia está en jaque cuestionada por los poderes fácticos que buscan imponer los intereses del mercado financiero internacional y de las empresas multinacionales. En el caso de América Latina y Caribe, gobiernos electos democráticamente son sometidos constantemente al asedio, a veces violento, por parte de las élites y minorías poderosas que controlan la economía y que han optado por provocar rupturas, utilizando incluso mecanismos legislativos y judiciales para deponer estos gobiernos. Lucharemos firmemente contra todos aquellos que opten por medidas o acciones para deponer gobiernos de cualquier país de las Américas. Los medios de comunicación, concentrados oligopólicamente a nivel nacional e internacional, actúan como los mayores instigadores de estas agendas antidemocráticas y reaccionarias contra los intereses de las mayorías. Una "sociedad civil" construida a imagen y semejanza de los intereses minoritarios, racistas y reaccionarios, ocupa las calles y los espacios públicos para predicar un discurso de odio en contra de las conquistas populares.

En EE.UU. y Canadá la situación de los/as trabajadores/as sigue siendo precaria, a pesar de que en términos de crecimiento económico esos países den señales tenues de recuperación. A pesar de la inversión multimillonaria en la última década para salvar empresas y bancos en EE.UU., han sido pocos los efectos sobre los y las trabajadoras, que vienen acumulando pérdidas en el poder de compra de sus salarios, están empleados 3 en trabajos precarios, sin posibilidad de sindicalizarse y con tasas de desempleo que - aun habiendo disminuido- todavía no alcanzan la cantidad y calidad de los empleos que arrasó la crisis de 2008. El ataque de la derecha económica y sus referentes políticos mantiene un lobby multimillonario permanente para influir en los diferentes poderes del Estado y limitar la capacidad de los sindicatos y el poder de la negociación colectiva para amparar derechos. La recuperación de las economías del Norte se busca a través de nuevos ataques a los derechos sociales y laborales.

En este marco se inscribe la agresiva estrategia del neoliberalismo destinada a incidir en la correlación de fuerzas que define la agenda de la OIT, ante lo cual el movimiento sindical de las Américas se ha posicionado firmemente y ha presionado a los gobiernos del GRULAC para asumir una postura a favor del mandato normativo y de control de la OIT y a reconocer expresamente que el derecho a la huelga, (que emana de los convenios fundamentales 87 y 98 de la OIT, y de otros tratados internacionales) está vinculado a la libertad sindical y la negociación colectiva. En América Latina y el Caribe aún se mantienen situaciones de vulneración de las libertades sindicales y de desconocimiento del papel de los sindicatos en su acción de promoción y defensa de los derechos. En varios países, incluso algunos con gobiernos progresistas, la relación con los sindicatos sigue siendo de conflicto y contradicción, lo que en nada favorece la posibilidad de estructurar una agenda democrática y en favor de las mayorías.

El cambio climático es un problema urgente, ineludible y global que afecta a los Derechos Humanos. Es por tanto primordial un cambio de paradigma que implique una transición justa hacia una economía sustentable. Para ello es indispensable llegar a un acuerdo ambicioso con fuerza vinculante con un sistema común de medición, notificación y verificación en la Conferencia de las Partes de París, que incluya compromisos de adaptación y/o mitigación para todos los países coherentes con la contención del aumento de la temperatura global hasta un máximo de 2 °C.

La juventud trabajadora de Latinoamérica y el Caribe, también enfrenta grandes desafíos marcados por la crisis financiera, como altas tasas de desempleo, trabajo precario, crecimiento del trabajo informal, entre otras cosas que limitan las oportunidades de los y las jóvenes de la región a obtener un trabajo digno y decente. La región tiene como compromiso empoderar a la juventud trabajadora y crear oportunidades para su desarrollo profesional y el pleno ejercicio de sus derechos políticos, laborales y sociales. Las y los jóvenes reclaman una educación al servicio de su desarrollo y no que se los forme como mano de obra precaria y explotada; ellos/as también tienen derecho a obtener trabajos decentes que contribuyan junto con todas y todos los trabajadores al desarrollo de nuestros países.

Siendo este el cuadro de la presente coyuntura, el movimiento sindical de las Américas viene a Panamá a reivindicar la defensa de las conquistas históricas de los/as trabajadores/as, a reclamar de los gobiernos la adopción de políticas que favorezcan al conjunto de la población y no a los intereses de las elites empresariales y de las oligarquías de nuestros países. Los gobiernos de las Américas no pueden ceder al chantaje de los mercados financieros, las grandes corporaciones y los especuladores ocultos en los paraísos fiscales y sus operadores nacionales, estimulados por una derecha reaccionaria que se ampara en el monopolio mediático para crear caos y debilitar a los gobiernos que intentan frenar las apetencias del capital financiero. Es fundamental 4 avanzar hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, el cual deberá ser debatido este año, tal como promueve la Resolución 68/304 de Naciones Unidas, impulsada por Argentina a partir del ataque de los "fondos buitre", que fuera aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de septiembre de 2014.

El movimiento sindical de las Américas no solo estará en las calles para defender los legítimos intereses de la clase trabajadora, sino también en los escenarios donde se deben debatir y decidir las políticas que permitan superar esta coyuntura de crisis y desaceleración económica. El movimiento sindical tiene en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) el instrumental de propuestas en los diferentes ámbitos del desarrollo sustentable, que permita no sólo dar respuesta al momento que vive la región, sino, en un horizonte estratégico, avanzar en un modelo apoyado en las cuatro dimensiones del desarrollo sustentable (política, económica, social y ambiental) y su necesaria articulación, para responder de manera equilibrada a los desafíos de economías al servicio de nuestras sociedades, con garantía de plenos derechos sociales, con participación democrática y protagónica, igualdad y preservación del planeta para las generaciones presentes y futuras.

En el marco de la realización de la Séptima Cumbre de las Américas, colocamos la PLADA de cara a los gobiernos y expresamos nuestra intención de avanzar en el camino que nos permita ser actores de los cambios necesarios para nuestra región. Como actores del desarrollo estamos preparados para el desafío de construir las Américas que queremos, con inclusión, justicia social, igualdad, trabajo decente y mayor democracia.

Defendemos el desarrollo y la cooperación como políticas de Estado, basadas en el enfoque de derechos. Rechazamos la promoción del papel protagónico del sector privado como actor de desarrollo, en sustitución de la responsabilidad del Estado, en particular en los actuales debates internacionales sobre la Agenda post-2015 y la financiación para el desarrollo. En ese marco cualesquiera sean los bancos de Desarrollo, deben dialogar con el movimiento sindical y la sociedad como un todo. Es inaceptable que el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- siga sin establecer un foro de diálogo con el sindicalismo regional y sin adoptar cláusulas laborales como condicionantes a sus préstamos, como ya hicieron otras instituciones financieras internacionales.

Consideramos importantes los procesos como la UNASUR, la CELAC y las demás iniciativas integradoras, que son reflejo de la madurez de nuestros pueblos y gobiernos para presentarse como un bloque que participa de la disputa geopolítica mundial, no desde la competencia y la dominación, sino desde la solidaridad, la complementariedad y el reconocimiento de nuestra diversidad social, política, étnica y cultural. Es por ello que estas instituciones deben dotarse de instrumentos y políticas claras que logren consolidar efectivamente a estos organismos y a otros como el Mercosur, para que actúen como bloque económico, político y social en pos de trabajar para un nuevo modelo de desarrollo regional que permita terminar con la lógica de primarización y de dependencia financiera de nuestros países.

La soberanía, la autodeterminación y la paz deben ser la condición fundamental en las relaciones entre los Estados y sus pueblos. Acompañamos positivamente el proceso de negociación de paz en La Habana desarrollado por las FARC-EP y el gobierno colombiano, esperando pueda ser extendido en una mesa de diálogo con el ELN.

En este sentido, también saludamos el avance en el reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano y del derecho a la autodeterminación de su pueblo, por ser parte integrante de la comunidad de naciones de este hemisferio. Este avance tiene que coronarse no solamente con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba, sino también con el fin del bloqueo económico, financiero y comercial a la Isla.

Por el contrario, rechazamos la reciente declaración del presidente de los EE.UU., Barack Obama sobre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, porque constituye un acto de injerencia interna en un país soberano y no contribuye a la resolución del conflicto interno. Consideramos que la situación política en ese país debe resolverse internamente, con diálogo entre las partes, de forma democrática y sin ningún tipo de amenazas o intervención externa. Acompañamos la solicitud de los gobiernos de la UNASUR y la CELAC para que se suspenda esta medida y ambos gobiernos retomen un diálogo constructivo y respetuoso, que contribuya a la superación de los problemas que hoy aquejan al pueblo venezolano, con apego a su Constitución y a la institucionalidad democrática.

Las Américas deben ser un continente de paz, sin ninguna presencia de bases militares extranjeras en nuestros países, particularmente la presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas. La consecución de esa paz radica también en una acción activa y duradera de defensa de los derechos de minorías, que proteja a los trabajadores migrantes, así como las libertades fundamentales de los pueblos originarios, y la vida de todos aquellos que deciden enfrentarse a las políticas de exclusión y de violencia; en este marco, exigimos el rápido esclarecimiento y castigo a los culpables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México.

La cárcel de Guantánamo es una afrenta a los derechos humanos en el hemisferio. Hay personas que han estado detenidas por más de 10 años sin cargos. Por un lado, hacemos un llamado a los EEUU para cerrar la cárcel de Guantánamo; por otro, pedimos a países de la región que ofrezcan acogida a estas víctimas de abusos de los derechos humanos.

A pesar de experiencias exitosas en la región y progresos en la lucha contra la desigualdad, viejas propuestas de desarrollo que ya han fracasado en las últimas décadas han vuelto a aparecer. La "Alianza para la Prosperidad" adoptada por los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala con el BID, se ofrece ahora como una solución a los problemas de violencia, gobernabilidad, falta de oportunidades y trabajo decente en estos países. Apoyamos el principio de dar mayor atención y asistencia a los países que atraviesan dificultades persistentes, pero nos preocupa la tendencia de reproducir los errores del pasado con recetas de flexibilización laboral, financiamiento de infraestructura sin contrapartes o condiciones, impactos negativos a los derechos humanos de muchas comunidades, énfasis en sectores de explotación para exportación y todas las variables recetas de la ortodoxia del mercado. Como mínimo, este apoyo debe contar con procesos de consulta y control social y requisitos de trabajo decente en las obras de infraestructura. Expresamos nuestra profunda condena por la grave situación de vulneración de derechos humanos en República Dominicana que afecta actualmente a millares de migrantes haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana y a sus familias, cuyos derechos a la nacionalidad han sido violados y por ello se encuentran, expuestos a una inminente, e injusta y masiva deportación así como a acciones violentas de discriminación. Exigimos de ambos gobiernos inmediatas acciones para corregir esa situación.

Es necesario superar toda forma de violencia, especialmente la de género, que afecta a millones de mujeres en lo privado y en los lugares de trabajo. Pugnar por erradicar los impactos diferenciados que las vulneran en mayor medida, así como impulsar la igualdad sustantiva, es una tarea que permitirá revertir las condiciones de desigualdad que existen. Erradicar todo tipo de discriminación, entre otras cosas, permitirá liberar las fuerzas productivas y creadoras de millones de mujeres y hombres a quienes hoy les son negados sus derechos por su condición racial, origen étnico, edad, sexo, preferencia u orientación sexual. Defendemos que en este contexto la Organización de Estados Americanos (OEA) debe responder a la realidad de ser un órgano de una región asimétrica, diversa y heterogénea y su papel debe ser el de construir un equilibrio democrático frente a esa realidad. La autonomía y la autodeterminación de naciones, pueblos y gobiernos deben ser un principio central para avanzar en un verdadero proceso de integración regional. Un desafío para el futuro de este organismo hemisférico es asegurar que la presencia y participación de la sociedad civil organizada de la región se corresponda con su diversidad, legitimidad y representatividad, que refleje las realidades de nuestras sociedades. En esa misma dirección, saludamos la aprobación de los convenios A 68 y A 69 contra toda forma de discriminación en la Región.

Estas son las reivindicaciones y apuestas del movimiento sindical de las Américas. La cita de Panamá ratifica nuestra agenda y señala nuestro camino de movilización y lucha junto con otros movimientos sociales y fuerzas transformadoras a lo largo y ancho de este continente, para avanzar en nuestra aspiración común de justicia, igualdad, soberanía, paz y desarrollo sustentable.

Esta declaración fue adoptada por el Consejo Ejecutivo de la CSA y sus 56 organizaciones afiliadas, con la participación y adhesión de la ISP Américas, UNI Américas, ICM, la CSBT de Venezuela, PITCNT del Uruguay, la CTC de Cuba y el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA).

Ciudad de Panamá, 9 de abril de 2015