12/12/2024

La CTERA expresa su preocupación acerca del contenido y objetivos del Decreto Nº 1086/2024 del P.E.N. que modifica la Ley Nacional Nº 26061/2006 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, incorporando un párrafo acerca de "La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidario en el ambiente educativo (…)".

En primer lugar, hay que subrayar que la mencionada Ley Nº 26061, como la Ley Nº 26206 de Educación Nacional, son claras y precisas en relación a la protección y derechos de niñas, niños y adolescentes; y fueron debatidas y sancionadas con un amplio y plural espectro de parlamentarios, a diferencia del Decreto en cuestión, de exclusiva factura del PEN.

Resulta particularmente llamativo, dado las formas y el léxico que habitualmente utiliza el Sr. Presidente y sus funcionarios. Las calificaciones, exabruptos y la gestualidad con la cual se refieren a quienes piensan distinto generan preocupación; y, en particular, en referencia al tema en cuestión, se puede inferir que subyacen otras razones, más allá de las expuestas para adoptar la medida.

Podemos deducir, sin temor a equivocarnos, que el Poder Ejecutivo Nacional se está atribuyendo la potestad de considerar que sus maneras de actuar y pensar son las únicas correctas, o como suelen afirmar, las propias de las "personas de bien"; y lo que no se encuentre en ese marco, constituye un acto de adoctrinamiento. Ello, desde ya, resulta muy grave para una sociedad democrática, plural y diversa.

Asimismo, y en consonancia con experiencias que se han dado en otros países, este tipo de normativas son el caldo de cultivo para que determinados sectores lleven a cabo la caza de brujas y campañas contra programas educativos, textos escolares y Docentes.

El acceso al conocimiento no se produce desde un lugar neutral o aséptico. Lo llevan adelante personas que tienen su perspectiva sobre la realidad, y acontece en un escenario histórico específico. Por ello, los aprendizajes se llevan a cabo atendiendo las distintas concepciones y miradas que existen sobre los temas en tratamiento. Los currículos escolares abordan saberes y temáticas que cada sociedad considera relevantes y necesarias para la convivencia ciudadana y la constitución de una Nación.

En este sentido, corresponde destacar que el Poder Ejecutivo Nacional ha puesto en fuerte cuestión aspectos que constituyen importantes consensos sociales que fundamentan nuestra Democracia; y que se encuentran claramente expuestas en la Constitución Nacional y las Leyes Nacionales vigentes.

La plena vigencia de los Derechos Humanos, sustentados en Memoria, Verdad y Justicia; la vigencia de Derechos Sociales y Económicos – tales como la Educación, la Salud, la Seguridad, entre otros – que deben ser garantizados por políticas de Estado; forman parte de las enseñanzas que se brindan en las Instituciones Educativas; y precisamente el PEN, sostiene una prédica y acciones contrarias a ello.

Que se promuevan y se forme acerca de estos principios y valores, lejos de ser una tarea de adoctrinamiento, resulta un acto en favor de la plena vigencia de la Constitución Nacional y una sociedad democrática.

Finalmente, no debemos soslayar que precisamente las políticas oficiales en el campo educativo y social están llevando a cabo un proceso sistemático de desmembramiento y desfinanciamiento de las principales iniciativas que se venían desarrollando en la materia. Sin obviar que varios de los funcionarios responsables de las áreas no sólo se han manifestado contra la acción del Estado en favor de la Educación Pública, sino que son miembros o tributan a posturas privatizadoras y mercantilistas sobre el particular.

Lo expuesto, nos permite afirmar como CTERA, que estamos frente a un nuevo eslabón de la cadena de actos que viene desenvolviendo en Gobierno Nacional en contra de la Educación Pública y de las y los Docentes argentinos. Ante ello, como representación del conjunto de las y los Trabajadores de la Educación llevaremos a cabo las propuestas y acciones que fueren necesarias para sostener el Derecho Social y Humano a la Educación.