El miércoles 16 de abril, en la ciudad de General Pico, tuvo lugar una movilización a Tribunales, a las oficinas del Fuero Contravencional y a la Delegación Zona Norte del Ministerio de Educación en apoyo a la Docente Ana Contreras, condenada por la Justicia en un fallo que genera una enorme preocupación.

Representantes de UTELPa y CTERA expresaron el repudio al fallo y exigieron por la no judicialización de la Educación.

Al respecto, la Secretaria General de UTELPa, Rosana Gugliara, sostuvo: "Nos concentramos de manera pacífica, como siempre lo hacemos, para decir que no queremos que los fallos y condenas hacia las y los Docentes sean a partir de la Justicia, porque dentro del Sistema Educativo tenemos Ley Provincial de Educación, nuestro Estatuto (Ley 1124) y todos loz organismos como Tribunal de Disciplina, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, etc. que investigan cuando es necesario".

"Esta condena nos preocupa muchísimo, precisamente porque es la injerencia de la Justicia, de un órgano que no corresponde al Sistema Educativo, ante una situación que se dio en el aula, en el marco del vínculo pedagógico", agregó.

Gugliara recordó la existencia de una Guía Provincial de Orientaciones, elaborada con participación del Sindicato y en corresponsabilidad de varios Ministerios, que se activa ante determinada situación (sea de vulneración de derechos o de situaciones conflictivas en la Escuela). La misma permite un trabajo en red para resolver los conflictos, "lo que vemos acá es que ante una denuncia, de una familia a la Docente, se activa y da curso de tal manera que termina en esta condena. Nosotros decimos que defendemos la libertad de cátedra, los derechos de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación; y que cualquier situación tiene que ser dirimida dentro de los órganos del Sistema Educativo Pampeano".

A modo de cierre, reiteró el pedido de no judicialización de la enseñanza, "por la libertad de cátedra, por los derechos, por el respeto al Estatuto del Trabajador de la Educación y por todos aquellos mecanismos que el propio Estado provincial, dentro del Sistema Educativo, tiene para regular la tarea docente".

CTERA acompaña a Ana Contreras

Por su parte, la Secretaria de Géneros de la CTERA, Lilia López, dio lectura a un documento donde la Central expresa el repudio al fallo judicial dictado contra la Docente.

"Consideramos que esta resolución no solo criminaliza la tarea docente, sino que constituye un gran antecedente que la pone en riesgo, como a la Educación Pública, la libertad de cátedra y el rol pedagógico que los Docentes desempeñamos día a día en las aulas", manifestó.

"La Docente es víctima de una injusta persecución judicial, que desconoce el contexto institucional y social en el que se desarrollan nuestras prácticas. La sentencia vulnera sus derechos laborales y personales", agregó.

Reafirmando que enseñar no es delito, López exigió la inmediata revisión del fallo, el cese de la persecución judicial a Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, y el respeto irrestricto por la libertad de cátedra y el trabajo docente en todo el país.

"No a la judicialización del trabajo docente, y como decimos en CTERA, por una Educación nacional, popular, democrática y feminista", finalizó.