19/02/2015

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó en la madrugada del jueves 19 en Junín a los siete acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Junín durante la última dictadura cívico-militar. El ex jefe del área militar 131, Ángel José Gómez Pola, y el ex comisario de la seccional 1ª, Abel Oscar Bracken, recibieron prisión perpetua, mientras que el ex oficial de inteligencia policial Francisco Silvio Manzanares y el ex médico policial Aldo Antonio Chiachietta fueron condenados a 25 años de prisión.

En una Jornada histórica de Memoria, Verdad y Justicia la Secretaria de DDHH de CTA Pcia de Buenos Aires, María Reigada, junto a los compañeros de la CTA de todas las regionales de la cuarta sección (Junin-Bragado-Gral.Viamonte, Chivilcoy-Chacabuco-Alberti, Pehuajó- 9 de Julio, Trenque Lauquen-Lincoln) estuvieron presentes en el Salón de la Democracia, en la sede del Rectorado de la UNNOBA, donde se desarrolló el Juicio Oral.

Las penas impuestas se completan con 18 años de prisión para los ex oficiales Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich y de 15 años de prisión para el ex oficial Edgardo Mastandrea. Las condenas fueron impuestas por unanimidad de los tres jueces, quienes disintieron en algunos de los montos de las penas.

El TOCF N°1 condenó en los términos del Código Penal por los delitos de homicidio -sólo en los casos de Gómez Pola y Bracken-, privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, acudió a la normativa internacional para marcar respecto de todos los acusados "su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar 1976-1983, al intervenir en la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, y en el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física, total o parcial". En los casos de Gómez Pola y Bracken, la fórmula utilizada por los jueces destacó su intervención "en la matanza de miembros de un grupo nacional".

Todos los acusados resultaron privados de sus beneficios de pensiones y retiros, y el Tribunal dispuso también que los lugares en los cuales se cometieron los delitos de lesa humanidad investigados sean preservados como sitios de memoria, además de solicitar que se investiguen a personas que fueron mencionadas en las audiencias por testigos.