La violencia institucional refiere a todo abuso de poder, físico o psicológico, que ejerce el Estado en cualquiera de sus niveles y dependencias, sobre personas u organizaciones de la sociedad civil.

Muchas de las prácticas institucionales violentas han sido naturalizadas y no suelen ser identificadas como abusos de poder. Son visibilizadas como facultades "normales" y hasta "permitidas". Una de las formas en las que este tipo de violencia se manifiesta es precisamente a través de las fuerzas de seguridad que concentran el poder punitivo del Estado.

Así como la violencia policial tiene su expresión más brutal en el gatillo fácil, existen otras prácticas de abuso como hostigamientos y persecuciones, operativos compulsivos de documentación, requisas, detenciones arbitrarias en la vía pública, intervenciones que implican el uso de la fuerza, ya sea en manifestaciones o en el marco de operativos de rutina de "seguridad" y "orden", en coimas, en los armados de causas que desde el ejercicio del poder convierten ese modo de intervención en un mecanismo de control y discriminación social, que afectan fundamentalmente a sectores sociales más vulnerables y a lxs más jóvenes.

Estas prácticas se justifican y consolidan a partir de discursos de odio, de relatos y miradas que construyen representaciones sociales de unxs "otrxs peligrosxs" convertidxs en supuestxs "enemigxs", generalmente jóvenes pertenecientes a sectores sociales más vulnerados.

En este sentido, la Ley Nº 26.811/13 designa el 8 de mayo como Día Nacional de lucha contra la Violencia Institucional, propone jornadas de reflexión sobre la violencia institucional para Escuelas, Centros de Estudiantes, organizaciones barriales, sociales y juveniles. En la misma, se reglamenta que el Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acuerden la inclusión de jornadas alusivas al Día Nacional instituido en los respectivos calendarios escolares, con el objeto de consolidar la concepción democrática de seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Dispone, por último, para cada uno de los parajes donde se hubieran perpetrado hechos de violencia institucional, una señalización que lo determine como tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio a los hechos que allí sucedieron.

¿Qué ocurrió un 8 de mayo?

En la madrugada del 8 de mayo de 1987, efectivos policiales de la Comisaría de Ingeniero Budge acribillaron a tres jóvenes que se encontraban conversando en una esquina. El hecho conmocionó a la comunidad y puso en el centro del debate político de la época la conducta deliberada de las fuerzas de seguridad de "gatillo fácil". El aberrante suceso generó una fuerte resistencia social que visibilizó otros hechos de la misma naturaleza. Esta fuerte demanda social motivó que el Congreso Nacional sancionara por unanimidad la Ley Nº 26.811/13.

Nuestro posicionamiento

Desde el SUTEBA y la CTA asumimos el compromiso de recordar cada año el 8 de mayo como el Día Nacional de lucha contra la Violencia Institucional y reflexionar sobre el sentido de esta fecha.

La Violencia Institucional que se manifiesta como hostigamiento, represión, arrestos, intimidación, persecución, violencia contra lxs jóvenes, por parte de las distintas fuerzas de seguridad distritales, provinciales y nacionales, vulnerando Derechos Humanos fundamentales.

¡Exigimos justicia completa ante los casos de violencia extrema de las fuerzas de seguridad, que se cobra la vida de jóvenes y niñxs como Miguel Bru, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, lxs chicxs de la masacre de Monte, Facundo Astudillo Castro, Facundo Ferreira, Lucas Verón, Lucas González y tantxs otrxs!

Tenemos MEMORIA y exigimos JUSTICIA.

Algunos casos de gatillo fácil

2018

- 7 de febrero, Quilmes, Buenos Aires: un efectivo del grupo Halcón asesinó por la espalda al joven de 17 años Fabián Enrique, porque supuestamente había intentado robarle el celular. El policía estuvo prófugo por 24 hs, hasta que se presentó en la Comisaría 3° de Quilmes y dio su versión de los hechos. La UFI 4 de Quilmes caratuló el hecho como homicidio y se desafectó al policía de su cargo.

- 8 de marzo, Neuquén: a Facundo Agüero lo acusaron de robar un perfume, lo persiguieron y golpearon hasta dejarlo inconsciente. Pero en su billetera estaba el ticket de la perfumería.

- 11 de marzo, Tucumán: Facundo Ferreira, de 12 años, fue asesinado por un tiro en la nuca por la policía.

- 24 de abril, CABA: Matías Rodríguez fue asesinado por la espalda, en el barrio de Flores, por un policía que se encontraba fuera de servicio. El adolescente, ex Alumno de la EMEM N° 3, fue baleado el miércoles a las 23 hs, en la esquina de Eva Perón y José Martí de CABA.

- 3 de septiembre, Chaco: Ismael Ramírez, de 13 años, fue asesinado por la policía.

- 22 de noviembre, Buenos Aires: Rodolfo (Ronald) Orellana, 36 años, militante de la CTEP, fue asesinado por la policía bonaerense.

2019

- 19 de mayo, Tres de Febrero, Buenos Aires: Diego Cagliero, 30 años, fue asesinado por la policía bonaerense durante un operativo cerrojo, producido luego de una persecución a la camioneta en la que viajaba Diego con sus amigos.

- 21 de mayo, San Miguel del Monte, Buenos Aires: en la trágicamente conocida como "La Masacre de Monte", mueren Gonzalo Domínguez (14 años), Camila López (13 años), Danilo Sansone (13 años) y Aníbal Suárez (22 años), como resultado de la persecución y tiroteo realizados por policías bonaerenses sobre el vehículo en el que se trasladaban. La única sobreviviente fue Rocío Guagliarello (13 años), quien tuvo que ser internada en grave estado.

- 17 de junio, Santiago del Estero: Silvia Maldonado (17 años) fue asesinada por un disparo de la policía provincial.

- 27 de junio, La Matanza, Buenos Aires: Matías Alderete (14 años) fue asesinado por la policía bonaerense cuando se dirigía a la Escuela.

2020

Con la irrupción de la pandemia en nuestro país, se aplicaron medidas de ASPO y DISPO, necesarias para el cuidado de la Salud de la población. En la provincia de Buenos Aires y en el país, las fuerzas de seguridad fueron convocadas para controlar y garantizar el cumplimiento de las mismas y, en este contexto, se produjeron situaciones de violencia institucional en las que las fuerzas de seguridad actuaron discrecionalmente, produciendo hechos de abusos, hostigamientos, amenazas y detenciones ilegales.

Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), los hechos denunciados durante el 2020 indican que "en los primeros seis meses del año, 60 personas murieron en manos de agentes de las fuerzas de seguridad. 31 de esas muertes se produjeron durante la pandemia; un dato alarmante si se tiene en cuenta que, durante ese mismo tiempo, los índices delictivos bajaron porque descendió también la circulación de personas en las calles debido a la medida de confinamiento decretado en el marco de la pandemia".

De esas situaciones, dos casos que dan cuenta de este accionar son el asesinato de Lucas Verón y la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

- El cuerpo sin vida de Facundo Astudillo Castro se encontró el 15 de agosto del 2020, 107 días después de estar desaparecido, luego de salir de su domicilio en Pedro Luro rumbo a la ciudad de Bahía Blanca. La autopsia elaborada y coordinada por el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó a fines de agosto que los restos pertenecían a Facundo y que había fallecido como consecuencia de una "asfixia por sumersión". La querella presentó pruebas que involucrarían a policías de la zona en esta situación. La causa está en manos de la Justicia Federal, avanzando con una lentitud inexplicable.

- Lucas Nahuel Verón fue asesinado el viernes 10 de julio, día que celebraba sus 18 años, en el barrio de Villa Scasso, La Matanza. Ante este aberrante hecho de violencia institucional, se produjo la detención de dos agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, indicados como responsables de la muerte del joven. Tanto la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense como la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Matanza aportaron las garantías para brindar los testimonios a la Fiscalía.

2021

- Lucas González tenía 17 años y jugaba al fútbol en el Club Barracas Central. El 17 de noviembre, tres miembros de la Brigada de la Comisaría 4C de la Policía de la Ciudad, sin sus uniformes policiales y a bordo de un auto sin ningún tipo de identificación, dispararon sus armas reglamentarias contra el auto en el que viajaban Lucas y otros tres amigos, cuando los jóvenes volvían a sus casas de Florencio Varela luego de entrenar. Lucas recibió dos impactos de bala que lo dejaron gravemente herido y fue internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Allí murió el 18 de noviembre por la tarde.

La violencia institucional, los encubrimientos de este accionar y la impunidad consecuente termina con las vidas de nuestrxs jóvenes. Debemos seguir denunciando estas prácticas aberrantes para proteger y resguardar nuestras niñeces, adolescencias y juventudes.

Desde el SUTEBA tenemos el compromiso ineludible de seguir repudiando toda Violencia Institucional, continuamos exigiendo Justicia por las víctimas de gatillo fácil para garantizar una vida plena de derechos para nuestrxs jóvenes.

¡NO A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL!

¡A LXS PIBXS SE LXS CUIDA!