La lucha por el cumplimiento efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes ha sido y es cuestión principal en las demandas de la CTA. Teniendo como antecedente la Marcha Federal de 1994 y como eje vertebrador, el 14 de julio de 2001 desde la Central se impulsó la creación del FRENAPO (Frente Nacional Contra la Pobreza). Este es el origen de la Asignación Universal por Hijo/a.

El FRENAPO impulsó una consulta popular los días 14, 15 y 16 de diciembre. La votación consistió en decir sí o no a la creación de tres instrumentos que en conjunto constituyeron: un Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos mensuales para cada jefa o jefe de hogar desocupado, una Asignación Universal de 60 pesos por mes por cada hijo de hasta 18 años y otra de 150 pesos para los mayores de 65 años que no percibieran jubilación ni pensión.

Esta consulta en la Argentina significó un mecanismo de Democracia directa por una iniciativa no convocada por el Gobierno. Sin el respaldo del Poder Ejecutivo, sin el apoyo de las mayorías en el Congreso y sin usar las maquinarias de los partidos políticos, las 17.425 mesas de votación se sostuvieron con 60.000 militantes, en 597 localidades de todo el país y también con urnas en Barcelona, Vigo y Madrid. Se pronunciaron más de 3.000.000 personas, de las cuales 1.394.131 fueron de la provincia de Buenos Aires.

Un claro síntoma del cambio de paradigma a nivel nacional se vivió el 29 de octubre 2009, cuando se firmó el Decreto Ley N° 16.002/09, que crea la Asignación Universal por Hijo para Protección Social destinada a aquellos niños y adolescentes de hasta 18 años (en caso de discapacidad, sin límite de edad y mayor monto) que residan en Argentina y que no tengan otra asignación familiar. Se financia con los recursos de ANSES: aportes y contribuciones, recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales no incorporados al Proceso Económico, los recursos adicionales que anualmente fije el Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto, intereses, multas y recargos, rentas provenientes de inversiones.

La AUH perfecciona y potencia la Ley de Educación ya que exige la certificación sanitaria y de escolaridad para percibir la totalidad de la prestación. No es un subsidio, es un derecho, implica un avance no solo en términos materiales de acceso a la alimentación y vestido, sino que significa ingresar, a millones de niños y niñas, al derecho de ciudadanía y se debe defender como a muchos derechos consagrados que hoy en día quieren ser arrebatados.

Desde la CTA y el SUTEBA seguiremos impulsando el sostenimiento y la mejora de este derecho.