Este golpe cívico-militar dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la más atroz dictadura que se extendió por más de siete años y que tuvo como consecuencia la desaparición de 30.000 personas (entre los que se encuentran más de 600 docentes), 500 bebés apropiados y miles de exiliados, lo que constituyó para la justicia argentina, un "genocidio contra un grupo político". Nos arrancaron a Isauro Arancibia, Secretario General de CTERA, y su hermano Arturo, además de varios miembros de la Junta Ejecutiva Nacional: Marina Vilte, Eduardo Requena y Susana Pertierra, quienes permanecen vivos en la memoria de nuestro pueblo.

La Dictadura cívico-militar llevó a cabo una acción represiva desde el Estado, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, y contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, el gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.

La política económica de la Dictadura quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y fomentar el sector financiero y el campo.

Socialmente, el la Dictadura Genocidae caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%.

Los maestros fuimos instalando, poco a poco, en cada patio de las escuelas y en cada aula todos los 24 de marzo, un espacio de Memoria y homenaje a los 30.000 compañeros desaparecidos. Además, celebramos la recuperación de la identidad cada vez que un nieto descubre su verdadera historia, como los 107 nietos que el día de hoy tienen la oportunidad de conocer su verdadera identidad. Luego, el 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley 25.633 creando el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, inamovible.

Mantener vivo el recuerdo de este día, nos permite reflexionar no sólo acerca de nuestra trágica historia y de la incansable lucha de los organismos de derechos humanos contra la impunidad, sino también acerca de nuestras perspectivas a futuro como nación soberana.

Por eso, fieles a nuestra historia y como todos los años, marchamos a la Plaza de Mayo para gritar bien fuerte: ¡NUNCA MÁS!