El 21 de marzo de 1960, la policía reprimió una manifestación pacífica contra la Ley de Pases del régimen del apartheid, asesinando a 69 personas, en Sudáfrica. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en conmemoración de la Masacre de Sharpeville, para instar a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.

El Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales en materia de lucha contra la discriminación racial. A pesar de esto, el Gobierno Nacional de Javier Milei ha cerrado y desmantelado diversas entidades dependientes de la Administración Pública Nacional encargadas de implementar políticas públicas vinculadas a la protección contra la misma. A través del Decreto 696 / 2024 P.E.N, publicado en el boletín oficial el 6 de agosto de 2024, el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) fue disuelto.

El trabajo del INADI ha sido fundamental para la implementación de políticas públicas contra la discriminación y en favor de la igualdad tanto en materia de racismo y xenofobia como en relación a grupos vulnerabilizados, como los colectivos LGBTIQ+, personas con discapacidad y minorías religiosas; entre otros. Su autonomía le permitía señalar aspectos discriminatorios tanto en el poder ejecutivo nacional como en los poderes ejecutivos de las provincias y municipios de todo el país.

El último Mapa de la Discriminación elaborado por este organismo indicó que una de las principales causas de discriminación en nuestro país está relacionada con el racismo y la pobreza. El racismo estructural aparece como el principal tipo de discriminación que sufren las personas por su color de piel, su nacionalidad, su situación socio-económica, su lugar de origen y su pertenencia étnico-cultural. Estas situaciones de opresión se entrecruzan con las desigualdades y violencias de género que sufren las mujeres y diversidades, sumado al ajuste económico sin precedentes que ha arrasado con los ingresos de la mayoría de la población, de una reforma del Estado que suprime o reduce severamente sus funciones vinculadas a la promoción y protección de derechos y al bienestar de las personas y comunidades.

En un modelo de país que no garantiza la protección contra la discriminación para todas las personas, la libertad retrocede y avanza el racismo. Se reproducen y mantienen las distintas opresiones en el nivel estructural, político y discursivo.

Desfinancian la asistencia y protección a las personas en situaciones de violencia por el racismo estructural en este contexto de crisis social, económica, ocupacional y habitacional; mientras los discursos de odio, la discriminación y el ataque a las diversidades son amplificados desde el discurso oficial, que pone en riesgo la vida de las personas e implica el abandono de la responsabilidad estatal de proteger los Derechos Humanos.