Este tratado, firmado el 20 de noviembre de 1989 y promulgado el 16 de octubre de 1990, establece en sus 54 artículos y protocolos facultativos los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia: el derecho a la vida, a la identidad, a la Educación, a la salud integral, a la convivencia familiar, a expresar su opinión libremente, a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; entre otros. Es decir, la Convención reconoce a lxs niñxs y adolescentes como sujetos de derechos y a lxs adultxs como sujetos de responsabilidades.

La convención fue firmada por 190 países, con excepción de Estados Unidos. La Argentina ratificó la Convención en 1990 y en 1994 le otorgó rango constitucional, por lo que se debe asegurar de manera obligatoria que todos lxs menores de 18 años gocen de los derechos contenidos en ella sin distinción de raza, color, idioma, nacimiento o cualquier otra condición del/la niñx, de sus padres o de sus representantes legales.

A 35 años de la ratificación por parte de Argentina de esta Convención, asistimos de manera preocupante a la constante vulneración de los derechos fundamentales de nuestras infancias y adolescencias. El Gobierno Nacional, con la implementación de sus políticas de fuerte ajuste y consecuente recesión que impactan fuertemente en lxs Trabajadorxs, provoca el aumento de la pobreza (52,9% en el primer semestre del 2024) e indigencia (18,1% en el primer semestre de 2024) que afecta a nuestrxs niñxs y adolescentes. Hoy el 66,1% de nuestrxs niñxs son pobres. Asimismo, el Gobierno Nacional desfinancia políticas públicas para niñeces y adolescencias, reduciendo del presupuesto nacional para este ítem, un 75% (marzo 2024, UNICEF).

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional presenta en la Legislatura un proyecto de ley que busca bajar la edad de punibilidad de nuestrxs adolescentes a 13 años, ampliando el poder punitivo de diversas maneras como, por ejemplo, llevando a cabo el encierro en cárceles comunes junto a personas mayores de edad o dando penas máximas sin lugar a revisiones periódicas. De este modo, lxs niñxs y adolescentes pierden la condición de sujetos de derechos establecida en la Convención. El Estado tiene la obligación de generar políticas públicas de cuidado y protección, tal como establece cada uno de los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por el Estado Argentino.

A 35 AÑOS DE LA FIRMA DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, LXS TRABAJADORXS DE LA EDUCACIÓN SEGUIMOS DEFENDIENDO EN NUESTRAS ESCUELAS Y CON NUESTRAS COMUNIDADES ESTOS DERECHOS Y DECIMOS:

¡NO A LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD!