Por Stella Maldonado
Secretaría de Derechos Humanos
En los comienzos de la década del 70, la clase trabajadora participaba del 43 % de la renta nacional y la desocupación no llegaba al 3%. Las organizaciones sindicales estaban en expansión y el no contar con una inmensa masa de desocupados permitía negociar convenios colectivos a la alta.
En este contexto la clase obrera argentina se hallaba en una etapa de auge y radicalización que le daba posibilidades de plantearse tareas de orden superior con claros posicionamientos antimperialistas. Por otra parte, estrechaban alianzas con otras capas sociales como profesionales, asalariados y estudiantado, constituyendo un bloque en torno a un proyecto de liberación nacional.
La dictadura militar desvastó las organizaciones de trabajadores, haciendo desaparecer, asesinando y encarcelando a miles de compañeros/as dirigentes gremiales de base y comisiones internas completas de fábricas que ocupó el ejército.
EL 70 % de los desaparecidos eran trabajadores.
Intervenidos los sindicatos, desaparecidos, asesinados, presos, exiliados el grueso de lo mejor de la dirigencia político sindical del país -aquellas que había tardado más de 20 años en formarse al calor de las luchas de la resistencia peronista y el sindicalismo clasista - quedó allanado el terreno para avanzar en la reestructuración del capitalismo en la Argentina, que encontraba como barrera para el crecimiento de su tasa de ganancia, la sólida organización sindical y una frondosa legislación laboral fruto de sus luchas, que era de avanzada en América Latina.
El monstruoso dispositivo del genocidio atacó profunda y fundamentalmente a la clase trabajadora para comenzar con un proceso del que aún no hemos salido: desindustrialización, desocupación, baja de salarios, distribución desigual de la riqueza, indigencia y hambre en un país que exporta alimentos.
Nunca será suficiente decir que la dictadura del 76/83 tuvo un especial énfasis en reformatear ideológicamente el sistema educativo y construir un nuevo consenso social que admitiera como inevitable la enajenación del patrimonio nacional y la injusta distribución de la riqueza.
Para ello no escatimó esfuerzos, no ahorró aberraciones, no dejó rincón sin reprimir. Desde la desaparición física de docentes y estudiantes, cárcel, exilio, cesantías, listas negras hasta la prohibición de libros y su quema en una cruzada fascista que tuvo su punto más canalla en la quema de 1.500.000 de libros del Centro Editorial de América Latina en un baldío de Avellaneda.
Hubo un serio intento de convertir las escuelas en cuarteles, con dispositivos disciplinarios militarizados, servicios trabajando de preceptores (en esa época se nombraban "celadores"), requisas de material bibliográfico, etc.
Una frondosa maraña normativa represora reguló la vida de las instituciones educativas, en ella se instaba a proteger a la "patria y al estilo de vida occidental y cristiano" del "artero ataque de la subversión marxista".
Para hacerlo se transmitían directivas precisas y exahustivas para detectar militantes que incluían hasta glosarios para estar alertas a las palabras que usaban docentes y estudiantes, las cuales podrían delatar su procedencia ideológica.
El terror tuvo su efecto paralizador, pero no consi-guieron la erradicación total del pensamiento crítico. Hubo resistencia, grupos de docentes y estudiantes mantuvieron la llama viva de los sueños de la generación diezmada.
Veintiocho años después, la nulidad de las leyes de impunidad, la nulidad de los indultos por parte del juez Canicoba Corral y la entrega de la Esma a los organismos de Derechos Humanos para construirse en Museo de la Memoria, marcan un hito histórico que es tributo de está acumulación de fuerzas producida por todos aquellos que con nuestra lucha mantuvimos la convicción de la necesidad de sostener la memoria, la verdad y la justicia.
