18/06/2014

"Se necesita llegar al 8% del PIB"

Stella Maldonado, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), hace más de 20 años que milita en el gremio. En 1997 participó de la Carpa Blanca, la protesta docente que ya exigía –entre otras cosas– que el 6% del PIB se destinara a la educación. Ahora que ese índice es una realidad, evalúa su impacto.

¿Cómo repercutió el aumento presupuestario en la educación?

Reivindicamos la Ley de Financiamiento. Tuvo alto impacto en la cobertura del nivel inicial y secundario, avanzamos mucho en regiones que estaban atrasadas –como el NOA y el NEA–, en la construcción de escuelas y en la creación de numerosos cargos y horas cátedra. Y, por supuesto, incidió en la mejora salarial.

Si mejoraron los salarios, ¿por qué continúan las huelgas docentes?

La mejora fue en la primera etapa. Los salarios se amesetaron en 2010 y retrocedieron con la inflación de 2012 y 2013. Este año mejoramos algo. En muchas provincias sólo se alcanza un salario decente con dos cargos. Buenos Aires, que tuvo un fuerte conflicto, tenía una brecha escandalosa con los salarios de Córdoba y de Santa Fe. En otros distritos, como Jujuy o Santiago del Estero, se paga hasta el 60% del salario en negro.

¿Hace falta más presupuesto o hay que distribuirlo de manera diferente?

La Ley fue muy importante para salir del abismo en que estaba la educación en 2002. Pero no alcanza para cumplir las metas fijadas: jornada completa, escolarización secundaria universal y ampliación de la cobertura en el nivel inicial. También faltan recursos para mejorar salarios y para evitar aulas superpobladas en el secundario, que no fue pensado para todos y hoy es obligatorio. Eso implica cambios profundos en la organización del trabajo, se necesitan nuevos cargos. Hay profesores que van a seis escuelas y tienen 800 alumnos. Así es impensable el aprendizaje. Y eso es presupuesto.

¿Se puede aspirar a más?

Según la Ley, el Estado nacional debe invertir el 40% de los nuevos recursos. Esa meta se cumplió. Pero, de esa suma, el 60% fue a las universidades nacionales. No está mal; alcanzó para mejorar los paupérrimos salarios universitarios. También se crearon diez universidades, algunas sin planeamiento estratégico porque abrieron en lugares donde no hacían falta. Nosotros planteamos que haya una ley de educación superior con presupuesto propio para las universidades. Y necesitamos, para el resto de la educación, el 8% del PIB.

Históricamente los gremios pedían el 6% del PIB.

Parecía que con la meta propuesta por la Unesco alcanzaría. Pero no fue así. El gran mérito de la Ley es que obligó a invertir en educación un porcentaje de la coparticipación y que también fijó prioridades: mejorar salarios, adecuar plantas funcionales, jerarquizar la carrera docente y garantizar su capacitación, en lo que recién se comienza a trabajar. Al no tener los criterios de distribución reglamentados, hubo discrecionalidad en el uso de cada provincia: Santiago del Estero, Corrientes y San Luis no avanzaron mucho. En 2013 y 2014 se destinó parte de la coparticipación directa a los municipios, unos 4.000 millones, y algunos la usaron para organizar recitales, expoagros; no para arreglar escuelas.

¿El nuevo presupuesto mejoró la calidad educativa?

Sí, porque hoy van a la escuela muchos niños que antes no asistían. Tienen más posibilidades de aprendizaje porque ahora van a salas de cuatro y cinco años. Recién egresó la primera cohorte del nuevo plan de los institutos de formación docente, con cuatro años de estudios e intensificación de la práctica. Tienen mejor conocimiento de la realidad social en la que se desempeñarán. Mejoró la calidad en aspectos que no miden las pruebas PISA: formación ciudadana, ambiental, multiculturalidad, derechos humanos, igualdad de género, educación sexual. Se publicaron materiales buenísimos. Aún hay dos nudos problemáticos importantes: la tasa de sobreedad en la primaria –que tiene su punto más complejo en la enseñanza de la lectoescritura y en la didáctica de la matemática– y las bajas tasas de egreso en secundaria.

¿El aumento de recursos mitigó las desigualdades jurisdiccionales?

Mejoró en la cobertura del nivel inicial y secundario. En el tema salarial, no: para que un maestro jujeño gane como uno de Santa Fe faltan muchos recursos. La solución requiere revisar el sistema tributario y la coparticipación federal.

¿Cómo repercutió en los gremios la creación de puestos laborales y la recomposición salarial?

Crecimos: en 2009 teníamos 290.000 afiliados; hoy somos 350.000. Eso implica más recursos y pudimos avanzar en publicaciones, congresos pedagógicos, capacitaciones. Ampliamos beneficios en turismo y acción social. Antes recurríamos a organizaciones internacionales, ahora nos autofinanciamos.